Parlamento Europeo aprueba nuevo reglamento LOPD

Desde Datox, nos hacemos eco, de las novedades del pleno del Parlamento Europeo, el cual,  ha dado luz verde a la más que necesitada reforma sobre la normativa Europea para la Protección de Datos, para de este modo lograr,  un mayor control sobre los datos personales de cara a los ciudadanos, los cuales verán mejorada su privacidad en la era digital actual, además de actualizarse y adecuarse, las normas a aplicar por los estados miembros europeos, rigiéndose todos ellos, por una misma normativa común

La nueva normativa es resultado de un ardúo y tedioso trabajo, después de algo más de cuatro años de discusiones y debates, para finalmente dar relevo a la anterior directiva de Protección de Datos que databa del año 1995 y que había quedado obsoleta con el auge de las nuevas tecnologías, las redes sociales y los universos 2.0 y 3.0, era algo primordial y sumamente necesario

Este nuevo reglamento tendrá su entrada en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, y los países que se acogen a sus disposiciones tendrán un plazo de dos años para adecuarse a la nueva normativa vigente

Gracias a esto, se reemplaza el actual mosaico de leyes nacionales con un único conjunto de reglas diseñadas para ofrecer a los ciudadanos un mayor control sobre su propia información privada

Este reglamento, mejorará asi mismo, la seguridad para las empresas, lo cual incrementará la innovación y el desarrollo futuro del mercado único digital, además de existir una ventanilla única que reducirá los trámites burocráticos. La Comisión Europea estima unos beneficios probables de 2300 millones de euros al año

En palabras del parlamentario Jan Albrecht, responsable de la tramitación parlamentaria de la reforma, este reglamento de protección de datos, proporcionará un nivel uniforme de protección en toda la UE. “Es un gran éxito para el Parlamento y un sí claro a los derechos de los consumidores y a la competencia en la era digital. Los ciudadanos podrán decidir por sí mismos qué información quieren compartir”, además, se ofrece más claridad y transparencia a las empresas, con una norma única para toda la UE, que refuerza la confianza y la seguridad jurídica e impulsa la competencia justa

Entre los puntos más destacables, la nueva normativa incluye:

1- El derecho al olvido, mediante la rectificación o supresión de datos personales.
2- La necesidad de consentimiento claro y afirmativo de la persona concernida al tratamiento de sus datos personales.
3- La portabilidad, o el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios.
4- El derecho a ser informado, si los datos personales han sido pirateados.
5- Lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de privacidad.
6- Multas de hasta el 4% de la facturación global de las empresas en caso de infracción.
7- Las empresas tendrán que designar a un oficial de protección de datos si están manejando grandes cantidades de datos sensibles o monitorear el comportamiento de muchos consumidores.
8- Las empresas con sede fuera de Europa tendrá que seguir las mismas reglas que las locales cuando ofrezcan bienes o servicios en el mercado de la UE.
9- Límites claros al uso de perfiles sociales para conocer datos de los consumidores.
10- Las aplicaciones, redes sociales, servicios deberán ofrecer determinados niveles de privacidad por diseño o por defecto para proteger los datos personales de sus usuarios.

La normativa también incluye una nueva directiva sobre la transmisión de datos para todas aquellas cuestiones relacionadas con asuntos judiciales y policiales. Se aplicará al intercambio de datos transfronterizos dentro de la UE y establece unos estándares mínimos para el tratamiento de datos en cada país, para, de este modo, intentar proteger a las personas implicadas (víctimas, acusados, testigos) en investigaciones policiales o procesos judiciales, dejando claro sus derechos y estableciendo los límites en la transmisión de datos. Se han incluido salvaguardas para evitar riesgos para la seguridad pública, al tiempo que se facilita una cooperación más rápida y efectiva entre las autoridades policiales y judiciales.